«Un sistema educativo se mide precisamente por la capacidad de integrar en el sistema a los menos favorecidos.»

#CalmarEdu nº13. Los alumnos más desfavorecidos necesitan de un apoyo integrado de los poderes públicos para facilitar sus procesos de aprendizaje. Las políticas transversales son el eje de un cambio social y educativo.

A propósito de los alumnos desfavorecidos. Considero que la calidad de un sistema educativo se mide precisamente por la capacidad de integrar en el sistema a los menos favorecidos. Hablar del apoyo a los alumnos desfavorecidos, plantea una cuestión básica como es el modelo educativo que realizan los poderes públicos. Se podría hablar de diferentes paradigmas: uno el que desarrolla políticas “focalizadas” en ese grupo de alumnos “desfavorecidos”, que requieren un tratamiento especial y por lo tanto son segregados del sistema general; y otro paradigma educativo que responde al modelo inclusivo, que como su denominación indica, apuesta por la integración y la equidad; y también por la calidad educativa para todos. Naturalmente, el segundo no excluye una acción específica para los colectivos más desfavorecidos, de hecho, se trata de implementar determinadas políticas que faciliten en buen funcionamiento de todo el sistema educativo en su conjunto. La cuestión, como decimos, hace referencia a distintos paradigmas o modelos educativos, lo cual tiene su reflejo en los planteamientos de instituciones de ámbito nacional e internacional, como la UNESCO, que en 2015, en colaboración con UNICEF, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y ACNUR, aprobaron en el Foro Mundial sobre la Educación, la Declaración Incheon: “Educación 2030. Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, relacionado con el Marco de Acción ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que propone “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Este objetivo, y sus propuestas de actuación tienen una naturaleza transformadora, inspirada por el impulso de los Derechos Humanos y de la justicia social, que pretende preservar la dignidad de la persona.

Se aleja de ese modelo educativo inclusivo, la existencia de escuelas gueto, la segregación o distribución territorial desigual de determinados colectivos sociales, como puedan ser los inmigrantes, o la selección en función de distintas capacidades intelectuales o recursos económicos. Situaciones que en determinadas ocasiones se han denunciado en España, por constituir focos de marginación y potencial exclusión social.

El tema es realmente importante. Estamos ante una cuestión básica que afecta a la propia concepción de la persona y de la sociedad. Quizá hay que empezar por decir algo básico, que el sistema educativo tiene que afrontar políticas que garanticen el desarrollo integral de la persona. Este, el desarrollo personal, es un concepto amplio y complejo, pero hace referencia fundamental a dos o tres cuestiones básicas: la interiorización de una ética pública, a la integración de la persona en la sociedad, y a dotar a esa persona de unos conocimientos que le permitan tener una vida digna y autónoma. Pues bien, esa es la función de la educación, facilitar el proceso de socialización de la persona, hacer de la persona un ser social, que, junto con otras instituciones sociales, inserte a la persona en la sociedad. Eso, en el caso de los alumnos o, mejor dicho, personas desfavorecidas, debe estar también garantizado. La sociedad avanzada tiene medios y recursos económicos para hacerlo, es una cuestión de prioridad política, social y económica. La educación es la base del bienestar social y crecimiento económico de una sociedad.

El sistema educativo debe contribuir a la creación de la sociedad del futuro. Para ello, la atención a las personas desfavorecidas es una cuestión inexcusable, que de alguna manera es también la atención a la diversidad: cada grupo, cada persona, tiene sus propias características singulares. El sistema educativo es un reflejo de la sociedad, de hecho, es una sociedad en pequeño, y la sociedad actual es diversa, plural, compleja, por lo que el modelo educativo tiene que hacer frente de forma eficaz a esa complejidad para lograr sus objetivos; poniendo los medios para que cada persona desarrolle sus propias potencialidades.

¿Cuál debe ser el modelo educativo para esa sociedad del futuro? Sin duda, no es el actual, o al menos, no es el modelo generalizado actual, que trata a todos por igual, que homogeneiza procesos y resultados, que atiende con dificultad la diferencia y las condiciones socioeconómicas de colectivos y personas. Un modelo educativo para la sociedad moderna requiere de programas específicos descentralizados, con objetivos comunes, pero con metodologías adaptadas. Además, estos objetivos deben atender al papel socializador de la educación, teniendo en cuenta las normas, valores y pautas de comportamiento de la sociedad moderna, que, en sí misma es diversa y plural, por lo que requiere fomentar actitudes de tolerancia y libertad intelectual.

Cuando se plantean las políticas de inclusión educativa es fundamental encontrar el consenso social sobre la identificación de los problemas, para lo cual es preciso fomentar la participación de la comunidad educativa en el diagnóstico de la situación, definición de los problemas y sus soluciones. Un plan prediseñado por la Administración, con una orientación tecnocrática, e impuesto a los centros escolares y a los profesores está abocado al fracaso.

Hay suficientes experiencias internacionales para analizar los sistemas educativos, con una impronta ideológica que explica el esfuerzo presupuestario para las políticas educativas en general, y la atención específica a las condiciones socioeconómicas de los colectivos sociales, que justifican las medidas de promoción de la equidad en la educación. En el ámbito nacional, un ejemplo de cooperación entre administraciones es el Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), que ha obtenido resultados significativos en la disminución del fracaso escolar relacionado con las desigualdades sociales. En la estrategia para lograr la inclusión educativa es fundamental fomentar la colaboración entre el sector público, el centro escolar y la acción colectiva, que favorezca la dimensión comunitaria del sistema educativo, con la participación de padres, profesores, voluntarios y estudiantes. Quizá una de las cuestiones que se plantea con más calado transformador es la capacidad de los propios centros educativos en desarrollar esas medidas compensatorias de la desventaja. La escuela, como institución inserta en su entorno social, conoce las condiciones y las posibilidades de implementar acciones que resuelvan los problemas detectados: fracaso escolar, absentismo, violencia, convivencia, etc., y de mejorar el nivel de la totalidad del sistema educativo en equidad y eficiencia.

Las escuelas deberían ser (algunas lo son) espacios abiertos de aprendizaje colaborativo. Las nuevas pedagogías ponen el acento en la participación, en la motivación, en el trabajo en grupo, huyen de la clase dictada y magistral del profesor; y en ese entorno, el alumno con desventaja social tiene un ambiente más propio para el aprendizaje en grupo, y para el desarrollo de sus propias capacidades. En ese ambiente, la aportación y experiencia de todos es importante. Con apoyos técnicos, de expertos y del profesorado, y medidas de refuerzo y apoyo personalizadas en competencias básicas, es el grupo el que aprende, y el individuo, como miembro de ese grupo, el que genera conocimiento compartido. Y probablemente, en ese grupo, determinadas deficiencias y problemas personales se pueden abordar de manera más cercana y amigable. Los resultados previsibles son, entre otras cosas, incrementar la autoestima, mayor motivación, mejora de los resultados escolares del grupo y, realmente, estar en mejores condiciones para afrontar los retos de la sociedad moderna, caracterizada por la diversidad y la complejidad. Creo que ese es el reto del sistema educativo en la actualidad.

José Antonio Díaz: Catedrático de Universidad en el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) de la UNED. Director del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales). Presidente de la Asociación Madrileña de Sociología