Más calle, más comunidad, menos privacidad
Hay que recuperar la calle como forma de empezar a quitar presión sobre el sistema educativo y la familia. La ingente tarea de educar precisa más manos, más cabezas y más corazones que los que ofrecen la casa y el colegio. La actual privatización de la infancia donde solo los progenitores y profesionales acreditados tienen legitimidad para intervenir en la educación infantil es un desastre para todo el mundo.
Niños y niñas se ven desposeídos de todo aquello que puede ofrecer una comunidad diversa: referencias, control, límites, arraigo, experiencia, conflicto. Es decir, muchos de los ingredientes que dan sentido a una vida humana. Domesticados y aislados, todos y todas pierden, pero especialmente quienes viven en un entorno familiar frágil o desestructurado. La privatización del cuidado ahonda las desigualdades y hace que los menores cuyas familias tienen menos recursos –no solo materiales sino también emocionales- sean mucho más vulnerables al carecer de un colchón social que amortigua las carencias o los excesos de sus adultos de referencia.
Las personas dedicadas a criar y a educar, en su mayoría mujeres, se ven sobrepasadas por un entorno social “autista” que ha interiorizado que atender, reprender o cuidar a una niña o niño desconocido es una injerencia inadmisible en la privacidad ajena. La crianza se ve penalizada ante la falta de apoyos y las familias tienen que suplir con tiempo, dinero y frustración lo que antes ofrecía la comunidad de forma generosa y gratuita. Ahora habrá que entretener en casa, organizar clases extraescolares para ocupar su tiempo o quemar energías contenidas y garantizar el encadenamiento del control para estén bajo vigilancia adulta permanentemente. Niños y niñas presos de sus propias familias: terrible para los reos, terrible para sus carceleras.
¿Y las escuelas? Los centros educativos están saturados porque asumen “los restos” que le brinda la patria potestad. Se les confiere mucha responsabilidad y poca capacidad de acción. Además de su labor docente, la escuela ha tenido también que asumir tareas que antes la sociedad u otras instituciones ejercían cuando niños y niñas poblaban la calle de forma autónoma. No solo más trabajo sino en peores condiciones dado que los niños privatizados no aceptan con facilidad la autoridad de personas ajenas a la familia. Una de las características esenciales de la privatización es, precisamente, anteponer los códigos privados a las reglas y normas establecidas. Si alguien chista a un niño o algo le ocurre al menor, los docentes tendrán que responder personalmente. Salvaguardar durante unas horas a estas “joyas familiares” obliga al profesorado a dedicar gran parte de su energía y tiempo al control y vigilancia de esos diamantes en bruto, pervirtiendo la misma función educativa que precisa riesgo y conflicto.
¿Y qué hacen los Ayuntamientos? Los poderes públicos se pliegan a esa “lógica privada” de la educación y terminan asumiendo esa obsesión por la protección. Los espacios de juego clónicos, simples y homologados son una muestra palpable de esa rendición al concepto manido de seguridad. Cuando se organizan actividades o actos para la infancia es común que establezcan medidas excepcionales que contribuyen, aún sin querer, al miedo colectivo. La relación que las instituciones locales suele establecer con la ciudadanía más pequeña suele perpetuar su condición privada ¿Quién se atreve a manejar esas joyas valiosas sin miedo a que se rompan o dañen?
Mientras sigamos repitiendo que niñas y niños no pueden correr el más mínimo riesgo, mientras sigan enclaustrados y aislados, mientras no puedan encontrarse con sus iguales en la calle de forma autónoma, mientras no se les pueda hablar si no es pidiendo permiso a sus progenitores, será difícil mantener una relación educativa más allá de la institución escolar.
Revertir este proceso de privatización y aislamiento puede comenzar en los barrios y ser impulsado por los Ayuntamientos. Lo primero es recuperar el espacio y el sentido público para que toda la ciudadanía se sienta partícipe en la labor educativa y la infancia pueda volver a recuperar un lugar propio en la sociedad. No se trata tanto de organizar procesos de participación infantil, sino principalmente que niñas y niños estén presentes y formen parte de su comunidad con identidad propia. Hay que recuperar el roce y la mirada y aprender a gestionar el conflicto en el espacio urbano para que el barrio sea un espacio educativo y cualquier adulto –sin intermediación de los padres o madres- pueda explicar a una niña o niño por qué la pelota en ese lugar le resulta molesta o que un niño pueda pedir ayuda si lo precisa. Hace falta que personas diversas, que sienten y hablan de forma distinta a papá o a mamá, entren en contacto y ejerzan una función de contraste, límite o apoyo. Esto es, una labor educativa.
Este reto se puede iniciar a través de la ampliación de aceras, la creación de plazas públicas y calmando el tráfico en las zonas residenciales. Estas medidas ayudan a nutrir el tejido social y a favorecer las redes vecinales de apoyo. El Ayuntamiento puede crear el escenario donde sea posible retejer relaciones de confianza social.
El poder local -y no solo quienes tienen las competencias de educación o infancia sino también el área de movilidad, pasando por la de urbanismo u obras- puede dar ejemplo y contribuir a “poner de moda” que la crianza es una tarea colectiva. Como en plazas y aceras no se educa en ningún sitio.
Marta Román Rivas – Geógrafa Gea21. Autora del blog www.infanciaprivada.com
