Los datos en la escuela: democracia y derechos digitales #TodosEducamos

Gran parte del siglo XX podría entenderse como la lucha por el derecho a preservar nuestra privacidad, por la obtención de las garantías legales para que ningún poder pudiera hurgar en nuestra intimidad, por la capacidad de reservarnos islas de inaccesibilidad en las que madurar nuestra identidad. La mayoría de los gobiernos más autoritarios del siglo pasado, y hubo muchos, desplegaron maquinarias complejísimas de vigilancia y seguimiento. Nadie en su sano juicio hubiera entregado voluntariamente sus datos a ningún cuerpo policial, menos aún su ubicación permanente o los sitios y lugares que visitara con asiduidad. Al contrario, aquellos regímenes se hubieran regocijado de que sus ciudadanos hubieran asumido voluntariamente alguna forma de auto vigilancia extensiva y sistemática.

Los tiempos cambian, qué duda cabe. Hoy sabemos que por el mero hecho de llevar un dispositivo digital en nuestros bolsillos con uno u otro sistema operativo, nuestros datos son sistemáticamente registrados, almacenados, analizados mediante distintas algoritmias, cedidos y vendidos a terceros. Nuestro consentimiento legal para que esos usos sean posibles se basa en que la mera puesta en marcha de un dispositivo comporta la aceptación forzosa de la mayoría de las supeditaciones descritas. A veces basta con romper el precinto de una caja contenedora o con encender un dispositivo para que nuestra aquiescencia quede definitivamente registrada, seamos o no conscientes de ellos. No cabe la oposición a no ser que uno practique una forma de opacidad digital casi absoluta.

El debate sobre la supuesta abolición de la privacidad en la era digital es, por eso, tendencioso e interesado. Del hecho de que la gente comparta inadvertidamente el relato de su vida en los medios digitales no cabe colegir que el derecho a la privacidad y al control sobre los propios datos haya desaparecido o deba desaparecer. Si el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue vigente, y no hay razón alguna para que no lo esté, sería necesario poner en marcha mecanismos de formación, autoprotección y defensa legal que lo garantizaran. El Artículo 12 declara y exige que

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Alguien dijo que la democracia es el poder de cualquiera. Si eso es así, si la democracia se basa en la capacidad del común para ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones con plena confianza en la ecuanimidad de las leyes y en el funcionamiento de las instituciones públicas, parecería obligatorio que, para ejercitar plenamente la condición de ciudadano en una democracia avanzada en la era digital, cada uno de nosotros dispusiera de las competencias, conocimientos, herramientas y amparo legal para hacerlo.

La primera pregunta a la que las autoridades públicas responsables de educación deberían responder sería, por tanto, ¿cómo empoderar a los jóvenes para que sean ciudadanos de pleno derecho en la sociedad digital, cómo garantizar una participación crítica y consciente? ¿qué deberían hacer las escuelas y las autoridades educativas por ello? La segunda cuestión, relacionada con el desarrollo ordenado y cabal de las competencias de nuestros jóvenes, a caballo entre dos mundos, sería: ¿existe alguna manera de garantizar que dispongamos de lo mejor de los dos mundos (digital y analógico) en nuestro desarrollo intelectual futuro? ¿Qué debe hacer la escuela para promover que esto ocurra? Convertidos ya en ciudadanos adultos de pleno derecho que deben intervenir en los asuntos de la vida pública comunitaria y que deben, en consecuencia, dirimir con criterio si las ventajas que se obtienen del uso de ciertas tecnologías acrecienta o merma sus libertades, sería necesario reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿cómo fomentar la ciencia ciudadana? ¿cómo hacer conscientes a los ciudadanos que deben cultivar el conocimiento necesario para luchar activamente por sus derechos en el ámbito digital?

La evolución de las tecnologías suele revestirse con el manto púrpura de lo irrevocable, pero eso no es más que una imposición acatada de manera inerte y acrítica por la ciudadanía. En consecuencia, la pregunta que deberíamos intentar responder sería: ¿Cómo promover un debate público ponderado, sin extremismos, que permita a la ciudadanía resistirse a la inercia autónoma de la evolución tecnológica y los intereses económicos asociados? Por último, y habida cuenta que el ordenamiento jurídico debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos a rectificar, suprimir o revocar cualquier traza indeseable de sus datos o actividad en la red, es necesario insistir en dos preguntas relacionadas: ¿Cómo establecer mecanismos legales que obliguen a las empresas a garantizar que nuestros datos no serán utilizados de manera inadecuada? ¿Cómo evitar triquiñuelas legales y adhesiones inconscientes a regulaciones desconocidas?

Como en todas las épocas históricas en las que se han producido notables cambios tecnológicos, se ponen a prueba nuestras convicciones, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra percepción de nosotros mismos y de las relaciones con los demás, nuestra organización social. Por primera vez en la historia, sin embargo, somos plenamente conscientes de lo que esos cambios pudieran provocar y somos responsables en la misma medida, en consecuencia, de dotarnos de los conocimientos, los instrumentos y las layes necesarios para determinar y acordar cuál deba ser su alcance.

Este post es consecuencia de las reflexiones y preguntas surgidas en la jornada «El dato, más allá de la Educación». Fue el primer encuentro organizado por la Asociación Educación Abierta en el marco del proceso «Todos Educamos». Pincha aquí si quieres ver más posts como este.