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Hablando de Educación con Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación

El pasado 25 de octubre la Asociación Educación Abierta tuvo el placer de conversar con Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación sobre el posible camino hacia una nueva ley de Educación. Alejandro Tiana fue uno de los impulsores de la LOE (Ley Orgánica de Educación) durante la primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, en su recorrido profesional ha asistido a la gran transformación de la Educación en España, que se ha producido en las últimas décadas.

En primer lugar, destaca que los cambios en la legislación educativa durante la democracia han sido “espectaculares”, con momentos de gran dinamismo y momentos de mayor estancamiento. Esta transformación, considera, empieza con la Ley General de Educación de 1970, que “sirve para acercarnos al nivel de los países de nuestro entorno”, al hacer efectivamente universal la educación obligatoria hasta los 14 años, aunque la LGE, afirma, “nace deslegitimada, al ser impulsada desde el régimen franquista”. En el momento, encontró muchas críticas que, años después, han sido matizadas. Hoy se considera que la LGE supuso una modernización del sistema educativo español.

La segunda ley fundamental para entender el avance en materia legislativa es la LOGSE de 1990, que extendió la obligatoriedad de la educación formal hasta los 16 años. Ambas respondieron a “avances que se produjeron en la sociedad española”, a cambios legislativos “desde arriba”, con motivaciones políticas muy diferentes: la primera se enmarca en el final del franquismo, mientras que la segunda tiene lugar en la época de madurez del gobierno de Felipe González. De esta época destaca también los aciertos de la LODE (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación) en relación al régimen de conciertos, así como la LRU (Ley de Reforma Universitaria) respecto a la autonomía universitaria.

En los últimos años, sin embargo, la educación se ha convertido en “un motivo de controversia”, con la consecuencia de que “el impulso de cambio no es tan amplio como debiera”. El debate sobre la comprensividad del sistema tiene lugar en muchos países de nuestro entorno porque históricamente la configuración de los sistemas educativos comenzó por la educación primaria y la educación universitaria, siendo la secundaria el último tramo en tener una entidad propia. Además, considera que la comprensividad genera controversia por su vinculación a la idea de equidad y a la formación a lo largo de la vida. “No debería ser difícil ponerse de acuerdo, sin embargo, es un tema a través del cual se canalizan otros muchos asuntos”, afirma. Desde su punto de vista, deberíamos repensar la necesidad de acabar la etapa obligatoria con un título propio, que no tendría por qué existir. “Cualquier ley que hagamos ahora tiene que tener muy en cuenta el entorno social”, los sistemas tienen que ser abiertos, para que “cualquier persona, en cualquier momento de su vida pueda decidir si quiere volver a formarse”.

Además, otro de los grandes escollos para el acuerdo es la reflexión sobre el currículo: “¿qué es lo que queremos que adquieran como formación nuestros jóvenes?” Todo ha cambiado radicalmente y, en España, no hemos llegado a la madurez suficiente para decidir qué deben aprender. Afirma entonces que la LOE se equivocó al proponer un currículo cerrado y demasiado extenso pero sostiene que la LOMCE supone un retroceso aún mayor. “En Finlandia”, argumenta, “el currículo obligatorio es mínimo”.

En cuanto a la reforma del profesorado, señala un cierto estancamiento: “Desde los años 90, hemos ido tocando aspectos relacionados con la formación inicial del profesorado, algunas áreas de su formación permanente, pero poco más”. Desde su punto de vista, hay dos cuestiones esenciales: la evaluación de la práctica docente y el sistema de selección a través de las actuales oposiciones que, afirma, está obsoleto. Defiende un modelo de carrera profesional distinto, pues el profesorado entra al sistema con un nivel retributivo aceptable pero tiene pocas posibilidades de desarrollo profesional. La problemática, advierte, no tiene tanto que ver con la controversia que sí generan otros asuntos, sino específicamente con cuestiones de financiación.

Señala también otros dos debates que generan gran controversia hasta el punto de convertirse en obstáculos importantes de cara a un pacto educativo. En primer lugar, el reparto de competencias territoriales y el debate dividido entre los que apuestan por mayor centralización y los que abogan por descentralizar el sistema. En su opinión, para legislar se deben tener en cuenta las condiciones de cada entorno, de manera que algunas regiones presentan rasgos específicos que las diferencian de otros. Por ejemplo, la escuela rural es muy importante en comunidades como Galicia y Aragón, pero en Madrid representa un porcentaje mínimo. Finalmente, afirma que la defensa del sistema de conciertos que ha impulsado la LOMCE ha reforzado las posiciones contrarias y, por tanto, nos ha alejado de un posible pacto.

En estas cuestiones, afirma, “nos jugamos el camino hacia una nueva ley educativa” que, considera, debería concluir en una sola ley y evitar la convivencia de dos leyes o la legislación a través de enmiendas. En este sentido, añade que la LOE no buscó imponer una sola perspectiva y consiguió cierto equilibrio; la LOMCE, sin embargo, fue “muy disruptiva y ha generado cambios que hacen mucho más difícil llegar a nuevos acuerdos”. De cara al futuro señala la necesidad de “ir llegando a acuerdos, llegar a situaciones de compromiso” en todos los temas posibles. El objetivo, concluye, es alcanzar un modelo estable que asegure que docentes y escuelas “sepan cuál es su papel y cómo desarrollarlo”.

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