«Brasil ha apostado por la participación social en la educación», conversatorio con Carlos Abicalil, Director General de Educación, Ciencia y Cultura de la Secretaría General de la OEI
¿Cómo se ha desarrollado el proceso de transformación educativa en Brasil?. Carlos Abicalil nos contó cómo la búsqueda de la inclusión social, la equidad educativa y la participación social fueron los mimbres con los que se tejió la transformación educativa en su país.
Carlos Abicalil ha dedicado su vida a la Educación. Se inició en el sector como profesor de primaria, luego de secundaria; dirigió un colegio, fue presidente del sindicato de educación en Brasil durante varios años, participó como diputado en la elaboración de la legislación educativa de su país y ocupó el cargo de viceministro de educación durante el mandato de la presidenta Dilma Rouseff. Actualmente es es Director General de Educación, Ciencia y Cultura de la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Carlos Abicalil, Director General de Educación, Ciencia y Cultura de OEI y Alfonso González, presidente de la Asociación Educación Abierta
La educación básica en Brasil ha estado siempre descentralizada pues emerge históricamente de los propios municipios y de las comunidades jesuitas que se instalaron en el país. Esta circunstancia y la presión popular hizo que las propuestas sobre la transformación educativa en Brasil surgieran de los propios agentes sociales y sirvieron de marco para la elaboración de las políticas nacionales en el ámbito educativo recogidas en su Constitución.
La Constitución Brasileña garantiza la participación popular a través de los agentes sociales en la configuración y desarrollo de las políticas educativas.
La propia Constitución exige que 1/4 de los presupuestos económicos nacionales, regionales y locales sean destinados a la educación. Con este dinero se garantiza la gratuidad de la enseñanza desde los 6 años hasta finalizar la universidad.
El Consejo Nacional de Educación está formado por representantes de las regiones, miembros de varios estamentos del sistema educativo y de cada campo del conocimiento. Entre sus objetos se encuentra la definición de las directrices del currículo académico nacional.
Convive la oferta formativa pública con la privada, aunque esta última está sujeta a la reglamentación pública. Existen escuelas concertadas, financiadas con fondos públicos y gestionadas por organizaciones sin ánimo de lucro; dedicadas fundamentalmente a la educación especial, profesional e indígena.
Las instituciones privadas de educación superior, sin ánimo de lucro, están exentas del pago de impuestos y de los gastos de seguridad social de sus empleados. Esta circunstancia es herencia de la Constitución de los años 40 que facilita que estas instituciones reviertan el ahorro fiscal en becas para sus estudiantes, aunque no existía ningún sistema de control y transparencia del proceso.
La crisis económica brasileña de los años 90 y la actual crisis global llevaron a una disminución de los presupuestos económicos de las distintas administraciones, y por ende de la dotación económica destinada a la educación; pero siempre se garantizó el 25% exigido por la Constitución. Para compensar esta caída de ingresos en los municipios más pobres, se creó un fondo federal que garantizara un salario mínimo nacional a todos los docentes e ingresos mínimos para la educación básica. Este Fondo Nacional para la Educación Básica facilitó el acceso a los materiales didácticos necesarios – creando una industria editorial propia; la alimentación gratuita de los estudiantes; y el apoyo al desarrollo de infraestructuras.
El primer gobierno de Lula impulsó un enmienda constitucional para reconstruir las políticas educativas nacionales asumiendo la co-responsabilidad del estado. Por otra parte, exigió que el ahorro fiscal de las instituciones privadas de educación se transformara en becas públicas, con criterios públicos de acceso.
Entre otros cambios constitucionales y legislativos
se propuso que la inversión pública en educación creciera hasta el 10% del PIB para el año 2020 (Plan Nacional de Educación 2014-2020).
Se partía de un 4% en el año 2000 y se llegó a conseguir elevarlo al 6% en el año 2014. El dinero no vendría de incrementar los impuestos sino de los beneficios obtenidos de la nacionalización de las reservas de petróleo; de los que 3/4 partes irían a Educación y 1/4 parte a Sanidad. El actual gobierno de Brasil ha derogado esta ley de financiación.
El sistema de becas públicas reserva una serie de ellas, y prioriza su concesión, a familias de bajos ingresos y otros grupos sociales desfavorecidos como afro-descendientes o indígenas.
Finalmente, Carlos Abicalil nos comentó algunas de las iniciativas de la OEI en la unificación de criterios para el desarrollo de políticas educativas comunes entre los estados miembros.
A continuación os invitamos a escuchar la intervención completa de Carlos Abicalil en la Asociación Educación Abierta.
